El Ayuntamiento confía en licitar la Cafetería Espolón en septiembre

Patrimonio y Contratación trabajan ya en el nuevo pliego de condiciones, que se aprobará en la primera quincena del próximo mes

La Justicia tiene que poner fecha a la salida de Atalaya Fernández de los bajos del Principal, tras la sentencia firme del Supremo

El Caso Espolón colea desde hace tres años, cuando se descubrió que el empresario no había pagado rentas ni consumos desde el 2000

El Ayuntamiento confía en licitar la Cafetería Espolón en septiembre A pesar de la polémica, la cafetería ha estado siempre funcionando. IAC

Tres años después de que se destapase el escándalo, el Ayuntamiento de Burgos estaría a punto de cerrar la aciaga etapa del ‘Caso Espolón’, y para ello se está preparando. Con la sentencia del Tribunal Supremo en la mano, el actual arrendatario de la cafetería-restaurante situada en los bajos del Teatro Principal tendrá que desalojar en breve el establecimiento, lo que abre la puerta a una nueva concesión del negocio. Entre Patrimonio y Contratación preparan en estos momentos el pliego de condiciones para la adjudicación, que podría estar listo para la primera quincena del mes de septiembre.

El portavoz del Equipo de Gobierno, Ángel Ibáñez, explica que aún se trabaja en el documento, por lo que no se disponen de datos tan concretos como el canon o los plazos de la concesión, pero la tramitación va a buen ritmo. Es el área de Patrimonio la que se está encargando ahora de elaborar el pliego y, en cuanto pase a Contratación, se concretarán los asuntos económicos. Así que, si se cumple con lo previsto, el texto estaría aprobado para la primera quincena de septiembre, pudiendo sacarse a concurso el negocio de la cafetería-restaurante de manera inmediata.

Plazos solapados

La nueva adjudicación estará lista en dos o tres meses, y antes se debería de haber producido el desalojo del local

“Se cuenta con tiempo más que suficiente”, insiste Ibáñez, para que Atalaya Fernández desaloje el establecimiento antes de que se resuelva su readjudicación. Y es que  el pasado 17 de junio, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inadmitía el recurso de casación presentado por Atalaya Fernández contra la sentencia de la Audiencia Provincial, en la que se le obligaba a pagar 207.684 euros al Ayuntamiento de Burgos en concepto de rentas y consumos no abonados desde 2003, así como a desalojar el local ubicado en los bajos del Principal.

Se trata de sentencia firme, por lo que ahora deberán ser los jugados burgaleses los que determinen la fecha para vaciar el establecimiento, algo que se podría conocer en el mes de septiembre. Ibáñez asegura que están a la espera de recibir la valoración de los Servicios Jurídicos Municipales, pero parece seguro que Atalaya Fernández pudiese abandonar la Cafetería del Espolón para octubre como muy tarde. De ahí que el portavoz del Equipo de Gobierno considere que hay tiempo suficiente para que cuando se produzca la readjudicación, que tardará entre dos y tres meses, el local ya esté vacío.

Sin repercusiones

Al mismo tiempo, Ángel Ibáñez asegura que la decisión de desistir en el anterior procedimiento de adjudicación de la cafetería-restaurante no supondrá ningún tipo de problema para el Ayuntamiento. Y es que en 2012, cuando aún los tribunales estaban dirimiendo sobre el recurso presentado por Atalaya Fernández a la primera de las sentencias, la del Juzgado de Primera Instancia nº4 que ya solicitaba el desalojo del establecimiento, el Equipo de Gobierno decidía sacar a concurso el negocio. La licitación siguió su curso hasta que llegó el momento de resolver mediante adjudicación.

El Ayuntamiento desistió del anterior procedimiento porque los precios de 2012 no se adecuan a la realidad del mercado

Fue entonces cuando se tomó la decisión de paralizar el procedimiento de contratación hasta que el proceso judicial diese a su fin. Lo lógico habría sido que, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de este año, se resolviese el concurso. Sin embargo, la mesa de contratación solicitó el pasado 21 de julio desistir de la adjudicación, alegando que los precios establecidos en el pliego de 2012 no se adecuaban a la situación del mercado actual. La Ley de Contratos del Sector Público ampara la decisión, que fue comunicada a finales de julio a las empresas que se presentaron al concurso.

Teniendo en cuenta que el procedimiento se suspendió antes de realizar la adjudicación del negocio, no se ha generado ningún tipo de derecho para con las empresas ofertantes ni ningún tipo de obligación por parte del Ayuntamiento de Burgos, explica Ángel Ibáñez, así que no se corre ningún tipo de riesgo. Con el desalojo de la cafetería-restaurante y su nueva concesión se cerraría un capítulo abierto en septiembre de 2011, cuando se descubrió que Atalaya Fernández llevaba gestionando el servicio desde el año 2000 sin haber paga ni rentas ni consumos. 

El Ayuntamiento, con el equipo de Javier Lacalle recién estrenado, alegaba un “fallo multiorgánico” para explicar lo sucedido. Lo cierto es que, aunque la Justicia les haya acabado dando la razón, las arcas municipales sólo podrán recuperar 207.000 euros de lo adeudado por el empresario, ya que ni se aceptaron los 300.000 euros solicitados inicialmente ni se ha podido reclamar por el total de años pendientes, ya que una parte de ellos prescribieron.