El Gobierno Central aprueba el cierre de ETM
El Consejo de Ministros del viernes aceptaba la petición de la SEPI de iniciar la liquidación de la empresa burgalesa
La medida mandará al paro a unos 50 trabajadores y acabará con una fábrica de bienes de equipo, referencia nacional e internacional
Los trabajadores aseguran que seguirán luchando y critican que la decisión se haya tomado en periodo vacacional
Y se cumplieron todos los pronósticos. El pasado viernes, 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobaba la liquidación de ETM-SAU (Equipos Termo-Metálicos), ubicada en Burgos hace más de 40 años y que da trabajo a medio centenar de familias. El Gobierno Central cumplía así con la petición realizada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que apostaba por el cierre de la empresa, alegando motivos económicos. De nada han servido las movilizaciones de los trabajadores, que han acudido a cuanto estamento político o empresarial ha estado en su mano para evitar esa solución definitiva.
Desde el Comité de Empresa, a través de una nota enviada a los medios de comunicación, han informado sobre la decisión tomada por el Consejo de Ministros, insistiendo en que “significa no sólo la pérdida de más de 50 puestos de trabajo, si no también el desmantelamiento de una unidad productiva con más de 40 años de actividad, muy importante para el tejido industrial de la provincia de Burgos”. Y es que ETM dispone de certificaciones y homologaciones de capital importancia en sectores de tecnología punta, tanto a nivel nacional como internacional, siendo un referente en su sector.
Decisión política
Los trabajadores han insistido desde el principio que la liquidación de ETM es una decisión de carácter puramente político, a pesar de que se disfrace ahora de motivos económicos y productivos. Aunque la SEPI asegura que no se cuenta con suficiente actividad industrial para mantener la empresa operativa, desde el Comité se recuerda que, en junio, se rechazaron pedidos por valor de 2,5 millones de euros y que suponían 25.000 horas de trabajo, lo que habría permitido ocupar la plantilla durante los próximos seis u ocho meses. Incluso, asegura, se podría haber conseguido algún contrato más de aquí a finales de año.
Por ello, el Comité de Empresa ha manifestado hoy “nuestro más rotundo rechazo a esta medida”, al mismo tiempo que ha anunciado que seguirá luchando para mantener la fábrica abierta, “para lo que, estamos seguros, contaremos con el respaldo de instituciones, partidos políticos y toda la sociedad burgalesa”. De hecho, tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Burgos han exigido, a través de sus plenos, que el Gobierno Central revocase la decisión de cierre. Los trabajadores se reunieron con Miguel Ángel Benavente, presidente de FAE, para conseguir que el consejero de Economía, Tomás Villanueva, intercediese a su favor.
Incluso los sindicatos UGT y CCOO, con políticos burgaleses en Madrid, como Luis Tudanca (PSOE) o Jaime Mateu (PP), hablaron con al SEPI. Sin embargo, nada de esto parece haber servido para evitar el fatal desenlace. Una decisión que, por cierto, el Gobierno Central ha tomado en periodo estival, aprovechando que la plantilla se encuentra de vacaciones, lo que busca “desmovilizarla y evitar la respuesta social a esta medida tan injusta como insensible con los trabajadores”, insisten desde el Comité de Empresa.
