El PSOE pide a la Comisión Europea que supervise el proceso de Garoña
Iratxe García presenta varias preguntas ante la Comisión para conocer la postura europea ante el nuevo proceso de solicitud de licencia de explotación de Garoña
Cuestiona la legalidad del trámite realizado por Nuclenor y del decreto del Gobierno
El PSOE ha solicitado a la Comisión Europea que supervise el proceso de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. Ha sido la eurodiputada Iratxe García, recién nombrada secretaria para la Unión Europea de la Ejecutiva Federal, la encargada de plantear la solicitud a través de la presentación de sendas preguntas en las que aborda la posible reapertura de la instalación del Valle de Tobalina.
Entre otras cuestiones, García ha pedido a la Comisión que concrete si está realizando algún tipo de control para garantizar el escrupuloso cumplimiento de la actual legislación comunitaria en materia nuclear y si conocen y avalan la apuesta de Nuclenor por operar hasta 2031.
El PSOE duda de la “neutralidad” e “imparcialidad” del Gobierno
El PSOE duda de la “neutralidad” e “imparcialidad” del Gobierno
También pregunta a la Comisión Europea si tiene la intención de intervenir ante España para que cualquier modificación legal relativa a Garoña cumpla la exigencia de que las revisiones se hagan cada seis años, tal y como se ha acordado en la modificación de la directiva 2009/71. Según esta directiva, es necesario que “la autoridad reguladora competente tenga la capacidad de ejercer sus competencias con imparcialidad, transparencia y libre de cualquier influencia indebida en la toma de decisiones para asegurar un alto nivel de seguridad nuclear”. Una independencia y neutralidad que “no parece que el Gobierno esté manteniendo”, toda vez que se ha aprobado un decreto destinado a allanar el camino a la presentación de la solicitud de licencia.
En este sentido, tanto Iratxe García como el secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, han criticado las “numerosas modificaciones legales realizadas a la carta” para propiciar la ampliación de vida útil del reactor nuclear de Santa María de Garoña y “la exención de impuestos millonarios para favorecer su continuidad”. Una actuación que, según subrayan, ha supuesto una sanción de más de 18 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que Nuclenor ya ha adelantado que recurrirá.
Fukushima, Thiange y Doel
También pregunta García a la Comisión si tiene conocimiento “de que las vasijas de contención de combustible que emplea el reactor de Garoña están construidas con el mismo material con problemas de resistencia que provocaron el accidente de Fukushima y el reciente cierre de las centrales belgas de Thiange y Doel”.
Todo ello enmarcado en un horizonte temporal que sigue siendo el foco de todos los debates. No en vano, el de Garoña es “el tercer reactor más envejecido de la Unión Europea y uno de los más antiguos del mundo” y “desde 2009 no se ha realizado ninguna mejora ni aplicado Instrucciones Técnicas Complementarias del Consejo de Seguridad Nuclear adaptadas a las pruebas de resistencia que realizó la Comisión Europea en todos los reactores europeos entre 2011 y 2012”, subrayan.
Por último, también piden a la Comisión Europea que aclare si es consciente de que el proceso de renovación de la autorización de explotación “no está cumpliendo con los procesos de consulta pública” establecidos tanto en el Convenio de Espoo como en la Convención de Aarhus, ambos ratificados por España.