Cinco años después, Burgos no olvida
Secuelas físicas y psicológicas, y muchos recuerdos, marcan el quinto aniversario del atentado contra la Casa Cuartel
Burgos respira un poco más tranquilo gracias una sentencia histórica, que obliga a los autores materiales a indemnizar a las víctimas
El alivio se mezcla con la desesperación en la pérdida de Carlos Sáenz de Tejada, última víctima de ETA en España
El atentado se produjo a las 4 de la madrugada, cuando Burgos dormía. Santi Otero
Cinco años. Aniversario redondo de lo que pudo ser una tragedia y no lo fue. Cinco años, pero la suerte no repite. No se planificó para fallar y no falló. El 29 de julio de 2009 una bomba voló por los aires la Casa Cuartel de la Guardia Civil en la Avenida de Cantabria. No hubo víctimas mortales. Algunos lo llaman milagro. Con el susto aún en el cuerpo, Burgos recibe la amarga noticia de la muerte de Carlos Sáenz de Tejada en Mallorca. Es 30 de julio y ETA, rabiosa, ha asesinado a dos guardias civiles, los que se convertirán en las últimas víctimas mortales de la banda en suelo español.
Eran las 4 de la madrugada cuando un coche bomba explotaba en las traseras de la Casa Cuartel de Burgos, reventando el edificio en el que dormían alrededor de 118 personas, de las más de 260 que por aquel entonces lo habitaban. Era verano y la suerte quiso que la mitad de los 91 barracones de las familias estuviesen vacíos. Nadie se explica aún cómo es posible que un atentado cuyo objetivo principal era causar el mayor número posible de víctimas, como ha quedado sobradamente demostrado durante la investigación, se saldó con apenas 60 heridos, 41 de los cuales eran niños.
La vida sigue
Las viviendas quedaron destrozadas. Santi Otero
Cinco años después, el atentado sigue vivo en el recuerdo de aquellos que lo sufrieron de cerca. Tras casi tres años realojadas en casas y pisos distribuidos por toda la ciudad, las familias volvía el 31 de mayo de 2012 a la rehabilitada Casa Cuartel. Las obras, realizadas por la UTE de empresas burgalesas ‘Calle Jerez’, supuso una inversión de 14,6 millones de euros, que se tradujeron en unas instalaciones más modernas, con mayores servicios y, sobre todo, con una mayor seguridad. Sin embargo, no todas las familias volvieron al nuevo edificio.
Algunas ya habían abandonado Burgos, con traslados voluntarios y forzosos, que fueron sustituidas por las que venían de nuevas. Otras, en cambio, optaron por vivir fuera del complejo de la Benemérita. La explosión no dejó víctimas mortales, pero las heridas físicas y psicológicas fueron tan profundas que muchos de los afectados aún tienen que lidiar con ellas. A la sordera, los problemas de espalda o cervicales, se les unen cuadros de estrés postraumático, ansiedad, insomnio, irritabilidad o terror nocturno, tanto en adultos como en niños.
Algunos de los guardias civiles que vivieron el atentado aún están de baja y otros han acabado por jubilarse, con informes de incapacidad para el desarrollo de sus funciones. Situaciones similares viven sus familias, porque cinco años no borran el terror experimentado cuando una explosión de 700 kilos de amonal te echa de la cama, de madrugada, para abrir los ojos a una vivienda que ya no es tu casa. A un cúmulo de escombros, con paredes derruidas, ventanas reventadas, baños y cocinas desmontados… Y en medio tu pareja, tus hijos, tu vida…
Sentencia histórica
Esta realidad es la que reconoce la sentencia de la Audiencia Nacional, conocida a finales del pasado año, por la que se condena a los tres integrantes del Comando Otazua ejecutores del atentado. En una sentencia histórica, los jueces han condenado a Daniel Pastor Alonso, Íñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxeberria Caballero a 3.860 años de prisión cada uno, por un delito de 145 casos de asesinato en grado de tentativa y otro de estragos. Se ha valorado la indemnización que tendrán que pagar, tanto a las víctimas como a las administraciones, es algo más de 11 millones de euros.
De momento, y será así durante mucho tiempo desgraciadamente, ninguna de las víctimas ha visto un solo euro de esa indemnización, indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Otros ni siquiera son considerados aún víctimas del terrorismo, algo que enoja al colectivo, después de una sentencia en la que queda probada, no sólo la autoría de ETA (que reivindicó el atentado el 9 de agosto con un comunicado publicado en Gara y Beria), sino que el objetivo del comando era “causar daños en la integridad física de los ocupantes, sin posibilidad de ejercer defensa alguna”.
La nueva Casa Cuartel se inauguró en el 2012. PCR
Los etarras vigilaron la Casa Cuartel de Burgos y, con la información obtenida, trazaron un plan. Robaron una furgoneta en Francia, del mismo modelo que otra que solía estar aparcada en las traseras del edificio, la pintaron de blanco y doblaron sus matrículas. Quedó estacionada a las 14:00 del día del atentado y, con temporizador, saltó por los aires a las 4 de la madrugada. Provocó un cráter de 16 metros de diámetro y 1,8 de profundidad, y puso de manifiesto que las medidas de seguridad en el entorno del edificio debían ser implementadas.
Un nuevo adiós
Un milagro impidió víctimas mortales, en lo que podría haber sido uno de los más atentados más brutales de la banda. Por ello, rabiosa por no haber conseguido el objetivo previsto, ETA volvía a atentar contra la Guardia Civil. En esta ocasión su objetivo fue un Cuartel de Calviá, en Mallorca. Optó por dos bombas adosadas a sendos vehículos oficiales, con sensores de movimiento y temporizadores, que permitió a los etarras asegurar su explosión cuando ellos ya hubieran abandonado la isla. Fallecieron dos agentes, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva.
Burgos aún no se había recuperado de la impresión cuando tuvo que asumir que una de las nuevas víctimas de ETA era vecino de la ciudad. Nadie podría olvidar nunca aquel verano del 2009. Así como el atentado de la Casa Cuartel tiene ya condenados, las muertes de Sáenz de Tejada y Diego Salva siguen sin responsables directos. No se han producido detenciones, ni juicios ni sentencias, pero las investigaciones siguen. Burgos rinde homenaje a una de las últimas víctimas mortales de la banda en suelo español, con una calle que lleva su nombre, en el nuevo complejo de viviendas de la Avenida Cantabria.
