Los burgaleses no se libran de las sanciones por sus pensiones extranjeras
UGT recibe una decena de consultas de jubilados a los que Hacienda les reclama una deuda de entre 10.000 y 15.000 euros
Hasta que el Gobierno cambió la ley, las pensiones obtenidas en el extranjero nunca habían tenido que tributar
Hacienda se niega a estudiar caso por caso. Muchos de los afectados cobran pensiones bajas, de las que depende su familia
Los jubilados en el extranjero, ante Hacienda. GIT
La exigencia de tributación a las pensiones procedentes del extranjero ya ha afectado a algunos burgaleses. Alrededor de una decena de personas se han acercado hasta el sindicato UGT para pedir asesoramiento ante las reclamaciones que realiza la Agencia Tributaria, y que oscilan entre los 10.000 y los 15.000 euros, en la mayor parte de los casos. Sonia San Martín, técnico de Inmigración en UGT-Castilla y León, lamenta la obcecación del Gobierno Central quien, a pesar de las múltiples reclamaciones realizadas por todo el territorio nacional, sigue empeñado en “hacer caja” con los emigrantes españoles.
La nueva Ley General Tributaria exige a los jubilados que cobran pensiones en el extranjero que tributen por ellas, al considerar que reciben dinero de dos pagadores diferentes: el estado español y el país en el que trabajaron, fundamentalmente Alemania y Francia. Hasta el pasado año, explica San Martín, la mayor parte de los pensionistas emigrantes no presentaban la declaración de la Renta, puesto que no superaban el mínimo establecido de 22.000 euros, pero al considerarse que reciben ingresos de dos pagadores, ese mínimo se reduce a 11.000 y se les hace tributar por ello.
Con carácter retroactivo
Lo es que más importante, no sólo tienen que presentar la correspondiente declaración de la Renta en 2014, si no que las notificaciones que están recibiendo les exigen que “salden” su deuda con Hacienda desde 2008 o 2009, dependiendo de si la reclamación se hace en 2013 o 2014. La deuda corresponde a los cinco últimos años, porque, de ahí hacia atrás ya ha prescrito. Sonia San Martín asegura que estamos hablando de cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 15.000 euros, en la mayor parte de los casos, aunque en algunas ocasiones se ha llegado a reclamar hasta 35.000 euros.
Se ha conseguido retirar las sanciones que acompañaban al pago de la deuda, pero no los intereses. La situación de la mayoría de los afectados es muy precaria. La técnico de Inmigración recuerda que cobran pensiones bajas y, en muchas ocasiones, de ellas dependen también sus hijos, que se encuentran en paro. Hacienda se ha negado a revisar caso por caso, así que no les queda otra que pagar. Sonia San Martín insiste en que, año tras año, se le había preguntado a Hacienda si había que tributar por esas pensiones, y la respuesta había sido siempre que NO. Ahora, de la noche a la mañana, cambian la normativa sin atenerse a razones.
