La Diputación se compromete a revisar los precios de las residencias
El equipo de Gobierno de la institución provincial acepta volver a modificar la ordenanza para adaptarla a la de la Junta a partir de enero de 2015
PP, PSOE y UPyD coinciden al señalar que es una competencia impropia
Se aprueba la reducción del precio público para los residentes válidos
El pleno ha acordado revisar los precios. GIT
El equipo de Gobierno de la Diputación de Burgos se ha comprometido hoy a revisar los precios públicos de las cinco residencias de ancianos que gestiona de manera directa. El portavoz del Ejecutivo provincial, Borja Suárez, ha aceptado el guante lanzado por la oposición en la sesión plenaria, a la que han acudido como público varios residentes, y ha asegurado que “modificaremos la ordenanza cuantas veces haga falta” para “adaptarla a los tiempos” y ajustarla más a la aplicada por la Junta de Castilla y León.
Tras la presentación y rechazo de 220 recursos en torno a las liquidaciones enviadas el pasado mes de marzo, el Ejecutivo provincial ha reconocido que la interpretación de la ordenanza aplicada es mejorable. Así, según ha confirmado Suárez, “a partir del 1 de enero” se comenzará a aplicar la ordenanza tal y como lo hace la administración autonómica en sus residencias. Dicha interpretación se basa en un precio público por plaza que nunca supera el 90 por ciento de la “capacidad económica” del residente, calculada sumando sus ingresos mensuales con el 5 por ciento del valor de sus propiedades.
El problema reside en que la Diputación hasta ahora cobra esa cuantía de manera líquida, dejando como deuda el resto del coste de la plaza una vez liquidado el servicio. El precio público se establece en 45 euros al día para los residentes no válidos, lo que supone una factura mensual de 1.350 euros, que según el portavoz del PSOE en la Diputación, José María Jiménez, “terminan pagando todos” a través de sus ahorros y las herencias que dejan una vez fallecidos. “Todos están pagando lo mismo” debido a un “cúmulo de errores” cometidos por el equipo de Gobierno en los últimos años, ha subrayado Jiménez tras recordar que el Procurador del Común también ha instado a modificar la ordenanza.
Competencia impropia
En este sentido, Suárez ha subrayado que “la ordenanza está bien hecha”, por lo que se han rechazado todos los recursos. Aún así, desde el equipo de Gobierno se entienden las críticas y asumen que “la ordenanza se tiene que modificar” para dar mejor respuesta a la ciudadanía y mantener la convergencia con los precios públicos de la Junta. Eso sí, el propio Suárez ha reconocido que “hay que buscar un equilibrio” entre el coste que repercute a los ciudadanos y el que asume la propia Diputación, que, recuerda, se gasta “7 millones de euros al año” para desarrollar una “competencia impropia”.
A este respecto, los tres grupos políticos con presencia en la Corporación provincial han coincidido en reclamar a la Junta que asuma la gestión de las cinco residencias, tal y como estipula la ley. “Ojalá” la administración autonómica diese un paso al frente y la Diputación pudiera quitarse esa carga económica, ha asegurado Suárez, pero mientras tanto, “debemos equiparar” las tasas para no generar perjuicios económicos sobre los residentes.
Eso sí, la próxima modificación “no tendrá efectos retroactivos”, por lo que las liquidaciones tramitadas este año deberán seguir su curso. No así los precios de los residentes válidos, que tal y como ha quedado aprobado esta mañana, pagarán un máximo de 31 euros por día, en vez de los 45 que pagaban hasta ahora.
