El PSOE municipal acude a la Fiscalía por la subvención a Lamela
Los concejales socialistas firman un escrito pidiendo a la Fiscalía que investigue la subvención concedida a la empresa del exconsejero de la Comunidad de Madrid
Entienden que el convenio no responde al interés general y ha favorecido a la empresa
Las alegaciones se discutirán en el pleno. GIT
El PSOE ha presentado hoy ante la Fiscalía un escrito mediante el que solicita la apertura de diligencias para investigar la legalidad de la subvención concedida en su día a Inversiones Lamela Campo S.L. para la rehabilitación de una vivienda situada sobre el Arco de San Juan. Los hechos se remontan al año pasado, cuando el equipo de Gobierno municipal firmó un convenio de colaboración con la empresa del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, imputado por prevaricación y cohecho, mediante el que se aprobaba una subvención del 50 por ciento del presupuesto de rehabilitación.
Según denuncian los socialistas, el convenio está fuera del amparo jurídico por varios motivos. Para empezar, la forma, ya que su tramitación estuvo exenta de cualquier proceso publicitado, rompiendo así la norma aplicable a este tipo de subvenciones. Tampoco hubo de por medio informes técnicos y jurídicos suficientes para apoyar la aprobación de un convenio que no contaba con una “justificación específica”. Además, el proceso se realizó “al margen de cualquier control de órgano colegiado” y se ratificó después de que el Consistorio eliminara el programa de ayudas a la rehabilitación en varios puntos de la ciudad.
Así, y tal y como expone el documento firmado por todos los concejales socialistas, “el Ayuntamiento de Burgos ha prescindido de una norma general para subvenciones a la rehabilitación a familias” y la ha sustituido por “una norma particular (privilegio) hacia una empresa cuyos propietarios gozan de vínculos políticos con el partido que gobierna nuestro Ayuntamiento, eliminando cualquier criterio de publicidad y concurrencia”.
Sin interés público
En este sentido, desde el PSOE se cuestiona el interés de la operación, máxime cuando la subvención concedida supone prácticamente el 50 por ciento del presupuesto del proyecto y no se reciben apenas contraprestaciones de interés público. La única exigencia a este respecto es que se permitan las visitas al inmueble y que su número “no sea inferior a veinte al año”.
Por todo ello, el grupo socialista ha instado a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación tendente al esclarecimiento de la legalidad del convenio y, llegado el caso, la apertura de diligencias para repartir responsabilidades.