Las tres Áreas Funcionales Estables de Burgos englobarán 62 municipios
La Junta presenta el mapa de Áreas Funcionales de la ley de Ordenación del Territorio
El área de la capital englobará 31 municipios con una población de 198.801
De Santiago-Juárez ha explicado el mapa a los alcaldes. Jcyl
Las tres Áreas Funcionales Estables planteadas por la Junta de Castilla y León para la provincia de Burgos englobarán a un total de 62 municipios. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la presentación del borrador de la nueva herramienta que se pretende crear para cimentar la ley de Ordenación del Territorio. Una herramienta que, según ha recalcado, es de mera ordenación, no de gestión.
Así, en Burgos se han planteado tres grandes Áreas Funcionales, centralizadas en los alrededores de los tres grandes municipios de la provincia: Burgos, Aranda y Miranda. La de la capital englobará un total de 31 municipios con una población conjunta de 198.801 habitantes. Entre las localidades integradas en esta organización destacan Alfoz de Quintanadueñas, Villagonzalo-Pedernales, Merindad de Río Ubierna o Ibeas de Juarros, entre otras muchas.
Más reducida en población -no tanto en extensión-, será el Área Funcional de Aranda, que englobará 23 municipios con un total de 40.445 habitantes. La más pequeña será la de Miranda, integrada por 8 municipios con una población conjunta 40.204 habitantes.
Periodo de alegaciones
Tal y como ha explicado De Santiago-Juárez después de la reunión con los alcaldes de los municipios cabecera de las Áreas Funcionales, a la que no ha acudido Fernando Campo, primer edil de Miranda, la nueva herramienta servirá para organizar de manera más eficaz los servicios púbicos. De esta forma, la agrupación de municipios en torno a los de mayor población (más de 20.000 habitantes) pretende servir como guía de trabajo para ahondar en la ley de Ordenación del Territorio. En este sentido, el portavoz de la Junta también ha destacado que el nuevo mapa está sujeto a “alegaciones, críticas o sugerencias” de los municipios afectados, que dispondrán de un plazo de dos meses para plantear sus propuestas.
