Escribano pide la dimisión de Lacalle por el caso ‘Peña Amaya’
Los tribunales aceptan la dación en pago en cumplimiento de la sentencia que anuló la permuta
El PSOE recuerda que el Ayuntamiento perdió terrenos valorados en 4 millones para quedarse con un inmueble inservible
La operación la gestionó Javier Lacalle, entonces concejal de Fomento
Javier Lacalle. Alcalde de Burgos. BC
Numerosas han sido las ocasiones en las que el Grupo Municipal Socialista ha pedido la dimisión del alcalde de Burgos, Javier Lacalle. La última de ellas esta misma mañana, en relación con la operación urbanística del Peña Amaya, después de conocerse la última resolución judicial al respecto. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo admite la dación en pago en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ratificó la ilegalidad de la permuta por la que el Ayuntamiento se hizo con el colegio mayor, tras entregar una serie de terrenos a la empresa propietaria.
“Lo que debería de hacer, de manera inmediata, es dimitir”
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Consistorio, interesado en abrir un albergue juvenil en el Peña Amaya, llegó a un acuerdo con sus propietarios. A través de la fórmula de la permuta, el Ayuntamiento se quedaba con el colegio mayor, valorado en unos 4 millones de euros, y entregaba a los dueños unos 6.000 metros cuadrados de parcela con aprovechamiento urbanístico y de edificación. Poco después, la empresa propietaria vendió el suelo por más de 10 millones de euros. El PSOE denunció la operación, que fue declarada ilegal en Primera Instancia, ratificándose la sentencia por parte del TSJCyL.
Solución menos mala
Entonces, la Justicia decretó la reversibilidad de la operación, es decir, que la empresa tenía que devolver los terrenos al Ayuntamiento. Dado que habían sido vendidas a un tercero y se encontraban embargadas, las parcelas no podían volver a manos municipales, por lo que se optó por el pago en metálico. Sin embargo, la falta de liquidez de la empresa les llevó a plantear una dación en pago, es decir, aún siendo ilegal la permuta, el Ayuntamiento tenía que quedarse con el Peña Amaya. Y así será, tras asegurar el titular del Contencioso-Administrativo que el Consistorio puede aceptarla.
Para Luis Escribano, la operación urbanística fue un “desastre”. Se perdieron terrenos, valorados en 4 millones pero que se vendieron a terceros por más de 10 millones, a cambio de disponer de un edificio “inservible” antes y ahora, con más motivo. El coste económico para el Ayuntamiento ha sido “enorme” y alguien tiene que asumir la responsabilidad política de la decisión tomada en su día, y declarada ilegal por la Justicia. Ese alguien, a juicio del portavoz del PSOE, debe ser el alcalde, Javier Lacalle, que en 2005 era el responsable de Fomento. La permuta se hizo “con su completa complicidad”
