Aguas pierde más de 8 millones en manos del Ayuntamiento
UPyD denuncia un déficit de 479.000 euros como consecuencia del trasvase de recursos a las arcas municipales
Aguas de Burgos ha pagado 7,5 millones en concepto de canon, impuestos y tasas, entre 2013 y 2014
El Consistorio no le abona el agua consumida en riego de jardines y le obliga a hacer obras de su competencia
El Ayuntamiento trata a Aguas de Burgos como sociedad mercantil cuando se trata de cobrar, pero si estamos hablando de pagar, la considera una sociedad municipal. Esta es la conclusión a la que llegan en Unión Progreso y Democracia después de un análisis en profundidad de las cuentas de este servicio, que ha pasado de ser “modélico” cuando aún formaba parte de la estructura municipal (ofreciendo agua de gran calidad a un precio económico y contando con superávit que permitía mejorar las infraestructuras) a estar “descapitalizado” y con un déficit de 479.000 euros, a cierre de ejercicio 2013.
El portavoz, Roberto Alonso, critica que Aguas de Burgos tenga déficit, a pesar de haberse incrementado el precio del agua en un 40% de media desde que pasó de ser un servicio municipal a una sociedad. La razón, según Alonso, hay que buscarla en el “trasvase” de recursos económicos desde Aguas al propio Ayuntamiento, que responde a diferentes conceptos. En primer lugar, la sociedad municipal ha pagado, entre 2013 y 2014, algo más de 7,5 millones de euros vinculados a impuestos y tasas. Sólo por el canon anual de utilización de infraestructuras, sistemas y bienes públicos, debe ingresar en el Consistorio 5,1 millones.
Cobros sin abonos
“Están buscando la ruina de Aguas para argumentar la necesidad de su privatización”
Además, de acuerdo con el Plan Financiero, Aguas de Burgos asume una parte proporcional de los créditos municipales, que le genera una obligación fija al año de unos 900.000 euros (1,8 millones entre 2013 y 2014), a lo que hay que sumar los 40.800 del IBI, los 181.000 del IAE y los 42.000 de asistencia jurídica. Las tasas de recogida de basuras, vertedero, ORA o Vados completan el total de 7,5 millones. Por otra parte, el Ayuntamiento no abona el agua consumida para el riego de jardines, por lo que la “deuda” acumulada asciende a los 700.000 euros.
Roberto Alonso reconoce que Aguas de Burgos paga “hasta por respirar” y, lo que es peor, tiene que hacer obras que son competencia del Ayuntamiento, caso del saneamiento y abastecimiento de agua a las barracas durante las ferias de San Pedro o San Pablo, o la reforma de la red de aguas que querían acometer en Gamonal a propósito de la creación del bulevar de la calle Vitoria. Con todo ello, el portavoz de la formación magenta considera que el objetivo del Equipo de Gobierno es llevar a Aguas de Burgos a la ruina, y luego justificar su privatización.
Privatización
“Están buscando la ruina de Aguas para argumentar la necesidad de su privatización”, lo que supondrá un incremento en el precio del agua, puesto que cualquier empresa que se haga cargo del servicio buscará la máxima rentabilidad. Al mismo tiempo, Alonso ha denunciado una descapitalización en personal, con la pérdida de hasta 55 trabajadores desde 2012, por jubilaciones y fallecimientos que han dejado vacantes las plazas. Sin cubrir están los puestos de jefe de Proyectos, de la Estación Potabilizadora, del Sector de Alcantarillas o de Conducción de Aguas. Tampoco se han sustituido a dos ingenieros de caminos en prácticas y se han suspendidos los puestos vinculados al Plan de Inversiones por Obras, al contar con déficit.
Roberto Alonso considera que es el momento de difinir cuáles son las obligaciones y los derechos de las sociedades municipales, ya no sólo de Aguas de Burgos, sino también de Parkmusa. De hecho, y tras la polémica generada por el informe de Secretaría General que obliga a la sociedad municipal a prestar el servicio requerido para abastecer a las barracas en las fiestas, la presidenta de Aguas, Carolina Blasco, ha pedido un informe para que se clarifique el régimen jurídico de la sociedad. La responsable municipal considera que no se le puede exigir realizar obras para el Ayuntamiento sin factura ni pago de por medio, pero cobrarles impuestos, tasas y un canon.