Funcionarios burgaleses se manifiestan en defensa de lo público
Unos 40 funcionarios de la Junta en Burgos participan en la manifestación organizada por la Plataforma en Defensa de lo Público
Entregan en las Cortes Regionales una veintena de alegaciones contra el anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración
Denuncian la potenciación de la ‘administración B’ y la pérdida de derechos de los trabajadores públicos
Funcionarios de la Junta se manifiestan frente a las Cortes Regionales. BC
Alrededor de 40 funcionarios de la Junta de Castilla y León en Burgos participaron ayer en la manifestación y posterior concentración ante las Cortes Regionales para protestar contra el anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración, cuyos planteamientos modificarán la Ley de la Función Pública, reduciendo los derechos de los funcionarios, dejando numerosas decisiones en materia de personal al arbitrio de los responsables de servicio e incrementando el poder y la influencia de empresas y fundaciones paralelas en la gestión autonómica.
Haciendo uso de uno de sus días “moscosos”, funcionarios de las nueve provincias celebraron ayer en Valladolid el “Día de Asuntos Rabiosos”, en respuesta a la convocatoria realizada por la Plataforma en Defensa de lo Público. Una jornada reivindicativa que se inició con una manifestación desde las sedes de las diferentes consejerías hasta las Cortes Regionales, donde se celebraba pleno ordinario. El objetivo de la movilización era entregar a la presidenta, Mª Josefa García Cirac, las alegaciones del colectivo al anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración.
Desmantelar la administración pública
Desde la Plataforma en Defensa de lo Público se presentan casi una veintena de alegaciones contra una normativa, que reduce el control externo de las decisiones administrativas, potencia la llamada ‘administración B’ (empresas, fundaciones y entidades paralelas) y recorta derechos a los funcionarios. En concreto, entre las medidas se que incluyen en el anteproyecto está la posibilidad de poner al servicio de esa ‘administración B’ a trabajadores públicos, así como a los servicios jurídicos de la Junta, una fórmula que servirá para “recolocar amigos, devolver favores…”.
A los funcionarios se les podrá encomendar cualquier tipo de función o trabajo, responda o no a las atribuciones de su puesto, sin que se ponga límite al tiempo durante el que tendrá que ejercerlo ni se especifique un incremento de las retribuciones. Además, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se hace genérica, quedado a discrecionalidad de los jefes de servicio la cobertura de plazas, lo que en la práctica puede llevar a traslados forzosos de funcionarios, manipulación de puestos y utilización del personal de manera revanchista, aseguran desde la Plataforma.
Para los funcionarios participantes en la protesta, la nueva normativa busca “desmantelar la administración pública”, reduciendo la presencia de trabajadores públicos, que son independientes de los políticos, frente a todos aquellos empleados que entran vinculados a empresas y fundaciones paralelas, que antepondrán las demandas y necesidades de los políticos a la de los ciudadanos. Por todo ello, desde la Plataforma en Defensa de lo Público abogan por dejar las cosas tal y como están, puesto que la actual normativa desciende del Estatuto Básico del Empleado Público.
