El TSJ anula la adjudicación del vertedero de residuos industriales
El tribunal declara ilegal la adjudicación que recayó en 2009 sobre las empresas Construcciones Arranz Acinas e Investigación y Control de Calidad
Ecologistas en Acción también recurre la ampliación del vaso de Abajas
Vaso de Abajas. BC
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la adjudicación del centro de tratamiento integral de residuos industriales no peligrosos del vertedero de Abajas, que en 2009 recayó sobre las empresas Construcciones Arranz Acinas e Investigación y Control de Calidad. Según contempla la sentencia del TSJ, el concurso fue resuelto a favor de ambas empresas sin motivación suficiente y vulnerando el derecho de defensa de la otra empresa recurente (Aldán 21).
Según explican desde Ecologistas en Acción, colectivo que recurrió el proceso ante los tribunales, la sentencia deja sin sustento legal la instalación y deja sin efecto la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental otorgados por la Junta de Castilla y León el pasado mes de diciembre.
En este sentido, el colectivo ecologista también ha recordado que el pasado 9 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) una orden de la Consejería de Fomento mediante la que se anunciaba una nueva adjudicación del concurso a las empresas Construcciones Arranz Acinas e Investigación y Control de Calidad. Una adjudicación que los ecologistas vuelven a considerar “fraudulenta” por no haber sido sometida al preceptivo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León y carecer de la cobertura jurídico-geográfica del Plan de Residuos de la comunidad.
También el vaso de residuos urbanos
Asimismo, Ecologistas en Acción también ha recurrido hoy la ampliación en 300.000 toneladas de capacidad del actual vaso destinado a albergar los residuos urbanos de Burgos, ampliación que fue autorizada por la Junta el pasado mes de mayo “omitiendo las preceptivas evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental, y eludiendo la necesaria información pública del proyecto”.
A este respecto, la organización ecologista solicita que dicha ampliación sea revocada y se someta a autorización ambiental y a evaluación de impacto ambiental por conllevar un incremento de la capacidad de vertido superior al 15 por ciento sobre la inicialmente autorizada y por exceder el umbral de 25.000 toneladas establecido en la Ley estatal de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.