Los expatronos siguen el proceso judicial contra la Fundación Caja de Burgos

Los disidentes insisten en que los acuerdos sobre la composición del patronato y los estatutos no son legales

Tras la impugnación, si no hay conciliación están dispuestos denunciar a la entidad

Ayer se constituía el nuevo patronato de la Fundación Caja de Burgos, tras su conversión a fundación bancaria

Los expatronos siguen el proceso judicial contra la Fundación Caja de Burgos La Fundación Caja de Burgos tiene la sede en la Casa del Cordón. GIT

Los patronos disidentes, ya expatronos de la Fundación Caja de Burgos, seguirán adelante con los procesos judiciales abiertos contra las decisiones tomadas el pasado 15 de mayo, cuando se aprobó la composición del nuevo patronato y los estatutos de la fundación bancaria. Así lo ha asegurado Agapito Gómez, de la Asociación de Impositores de Burgos (AIBUR), tras reunión mantenida ayer entre 6 de los 8 disidentes. En el mismo momento, en la sede de la Casa del Cordón se procedía a la constitución del nuevo patronato de la Fundación, con la reelección de José María Leal como presidente.

Aconsejados por el abogado, quien considera que todas las decisiones tomadas en la última reunión del patronato anterior, el 15 de mayo, y las posteriores “son nulas de pleno derecho”, los disidentes esperarán a conocer la resolución del acto de conciliación solicitado el pasado 30 de mayo. Dado que suponen que no existirá conciliación con la Fundación Caja de Burgos, Gómez asegura que están dispuestos a abrir una vía judicial, a través de la denuncia pertinente, dado que consideran ilegal el modo en el que se aprobó la composición del nuevo patronato y los estatutos de la fundación bancaria.

Gómez recuerda que la transformación en fundación bancaria se aprobó por el mínimo legal obligatorio (8 de los 16 patronos), pero los nuevos estatutos y la configuración del nuevo patronato no, porque en este caso se requieren tres tercios del total, es decir 11, y sólo se aprobó con 8 votos. Ante esta situación, los díscolos tomaron la decisión de impugnar los acuerdos. Habrá que esperar alrededor de un mes para saber si se acepta el trámite judicial y, luego, a que se marque una fecha para el acto de conciliación. Si no existe tal conciliación, irán a los tribunales.

Nuevo patronato

La esperanza de estos disidentes es que un juez les dé la razón, lo que obligaría a retrotraer todas las actuaciones hasta el 15 de mayo, incluida la constitución del nuevo patronato que se aprobaba en la tarde de ayer. José María Leal era reelegido como presidente, con 10 votos a favor de los 12 emitidos. El ejecutivo de origen burgalés Luis Abril será el vicepresidente de la entidad, en la que se incluyen a José Domarco, Belén Rodríguez y David de Pedro en representación del Ayuntamiento, así como a Ginés Clemente, consejero delegado de Aciturri Aeronáutica,  Antonio Martínez Perosanz, Ángel Barrio Arribas y Miguel Miguel Miguel, como miembros con conocimientos y experiencia en materia económica y financiera.

Además, como representantes de entidades relacionadas con los fines fundacionales de la Caja se ha nombrado a Miguel Patón (Fundación Aspanias), Luis Mayoral (Down Burgos) y Angélica Herrero (Asociación de Empresarias de la Provincia), y Andrés Carretón, secretario general de la Fundación, lo será también del patronato. Agapito Gómez asegura que ellos, los 8 expatronos disidentes, “continuaremos sintiéndonos moralmente patronos hasta que exista un fallo judidial”.

Impuestos

Agapito Gómez recuerda que este grupo de disidentes también está en contra de conversión de la Fundación en entidad bancaria, a pesar de que la presidencia lo justifica aportando informe del Ministerio de Economía que así se lo recomienda. Gómez asegura que, de las cajas que ahorro que conformaron en su día Banca Cívica, sólo Caja de Burgos se ha constituido en bancaria, quedándose el resto como fundación ordinaria. Como consecuencia de este cambio, si se cumple con los beneficios presupuestados por la dirección, unos 2,7 millones en 2014, la entidad tendrá que pagar 810.000 euros en concepto de  Impuesto de Sociedades, mientras que las fundaciones ordinarias están libres de este gravamen.