PAH y Stop Desahucios realizan peticiones sobre vivienda a la Junta
Las agrupaciones provinciales elaboran un acuerdo de mínimos que presentarán mañana en las Cortes Regionales
Piden al Gobierno Autonómico que ponga en marcha medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna
Manifestantes de la PAH a las puertas de Caja Duero. IAC
Las plataformas de afectados por la hipoteca y Stop Deshaucios de Castilla y León han elaborado un documento de mínimos, que entregarán mañana en las Cortes Regionales durante la sesión plenaria, para demandar a la Junta de Castilla y León políticas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, la lucha contra los desahucios y la exclusión social. El documento ha sido pactado tras numerosas reuniones mantenidas entre los diferentes colectivos de las nueve provincias.
Las agrupaciones piden que el Gobierno Regional exima a las familias con pocos recursos y en riesgo de exclusión social del pago de los recibos de luz, agua y gas, mediando con las empresas suministradoras para que los ciudadanos no tengan que elegir entre pagar las facturas o comer y medicarse. Consideran necesario que se informe “pública y eficazmente” de las actuales ayudas destinadas al alquiler social, pago de hipotecas, prestaciones sociales para familias con escasos recursos y en riesgo de exclusión social.
A juicio del colectivo, los deudores hipotecarios deberían estar liberados del pago de la plusvalía municipal y tener acceso gratuito a la Justicia. Además, las denuncias y acusaciones derivadas de la lucha contra los desahucios se deberían archivar y las sanciones administrativas y penales que se hayan podido dictar por la exigencia a que se cumpla el derecho a la vivienda, anular.
Mediación
La Junta de Castilla y León tendría que constituir un parque público de viviendas, y controlar los precios del alquiler para evitar que se especule con la vivienda. Para Stop Desahucios y las PAH, el Gobierno Regional debería interceder por las familias afectadas por la hipoteca, exigiendo a las entidades bancarias con las que opera que paralicen los procesos de ejecución hipotecaria y, de no hacerlo, que retire los fondos y dejen de trabajar con ellos. La Junta debería realizar también una política a favor de la quita y la reducción de la duda, así como apoyar la regulación de la dación en pago
Varios son los informes que solicitan desde el colectivo, relativos a las viviendas que se encuentran en manos de la banca intervenida o que han sido transferidas a la SAREB, y provienen de procedimientos hipotecarios; al precio al que se están vendiendo las casas hipotecadas; cuántas son las viviendas deshabitadas en la región; o cuál es el número de ayudas sociales que se destinaron en 2012 y 2013 a familias afectadas por la hipoteca, y la partida incluida en los presupuestos actuales.