El Supremo considera legal la designación de la Capital Cultural

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Burgos contra la designación de San Sebastián como Capital Cultural

El auto asegura que la justicia española no es competente en la materia

El Supremo considera legal la designación de la Capital Cultural San Sebastián rompió el sueño de la capitalidad. BC

El Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Burgos contra la resolución del Ministerio de Cultura mediante la que se nombraba a San Sebastián Capital de la Cultura Europea en 2016. Con esta sentencia, la justicia vuelve a quitarle la razón al Consistorio burgalés, que en caso de querer seguir peleando frente a un nombramiento que consideró injusto deberá recurrir ante el Tribunal Constitucional.

El auto, fechado el pasado 5 de mayo en la sección 4ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mantiene las tesis planteadas en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el 26 de abril de 2012 inadmitió el primer recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Burgos.

En aquel momento, el tribunal se declaró “incompetente” en la materia, ya que la designación de la Capitalidad Cultural depende directamente de la Unión Europea, y no de la Administración pública española. En este sentido, la sentencia que acaba de darse a conocer abunda en esa línea, afirmando que la designación de San Sebastián “no es recurrible ante esta jurisdicción”, ya que los órganos de la Administración General del Estado  solo “prestan una cobertura meramente auxiliar”. Es decir, que su papel en este caso no pasa de ser una simple correa de transmisión para las decisiones de los órganos de la Unión Europea.

Conforme a Derecho

De esta forma, el Tribunal Supremo entiende que la resolución del Ministerio “es conforme a Derecho”, por lo que se “procede a desestimar el recurso contencioso administrativo”, cerrando el caso y manteniendo la legalidad de la designación de San Sebastián, cuyo Ayuntamiento se ha personado en el caso desde el principio junto a la abogacía del Estado.