La renegociación del convenio del Desvío va para largo
El Partido Castellano, a través de Compromís, pregunta a Ana Pastor por el coste real de las obras y su reparto
Fomento vuelve a insistir en que primero deben resolverse los contenciosos abiertos con las empresas
Ángel Ibáñez recuerda que es la misma explicación que les dieron tras reunirse hace algunos meses
Respuesta parlamentaria de Fomento al PCAS. BC
El Ministerio de Fomento sigue a la espera de la resolución de las múltiples reclamaciones presentadas por las empresas que ejecutaron el Desvío Ferroviario en la capital, a fin de que determinar cuál es el sobrecoste real de los trabajos y cómo se va a repartir con el Ayuntamiento de Burgos. Así se lo ha transmitido la responsable del área, Ana Pastor, al Partido Castellano en respuesta a una pregunta realizada en el Congreso de los Diputados, a través de Joan Baldoví, de Compromís, en la que se pedía también al Gobierno Central que asuma el sobrecoste derivado de las modificaciones del proyecto.
En dicha respuesta, Fomento recuerda que “el coste de las obras se estimó en 17.000 millones de pesetas, equivalentes a 102,17 millones de euros. Si bien, en el propio convenio, se preveía que el coste final pudiera ser mayor y, a los efectos, se estableció una fórmula de financiación por el reparto del importe adicional”, algo que es sobradamente conocido. Sobre el asunto espinos, de quién va a pagar el sobrecoste real, el Ministerio se escuda en la reclamaciones presentadas por las empresas para no haber determinado aún el precio de la obra y cómo se va a pagar.
Reclamaciones pendientes
“No ha podido ser precisada de manera definitiva la valoración final de las obras”
En concreto, en el texto explica que “debido a que actualmente se encuentran sin resolver diversos expedientes de reclamaciones sobre dichas obras, no ha podido ser precisada de manera definitiva la valoración final de las obras, lo que a su vez imposibilita determinar el reparto final del coste”. Pero esta respuesta tampoco es nueva, aunque sí se ha tramitado por un cauce más oficial, el del Congreso de los Diputados. En la reunión mantenida meses atrás entre el Equipo de Gobierno y representantes ministeriales, ya se les dijo que, hasta que no se resolviesen las reclamaciones, el convenio estaba bloqueado.
El portavoz municipal, Ángel Ibáñez, lo recuerda así, y considera que es ‘absurdo’ plantearlo de otra manera. Son múltiples las reclamaciones que las empresas encargadas de las obras (divididas por tramos) han presentado contra Fomento, que fue la administración encargada de su ejecución. Reclamaciones relacionadas con indemnizaciones por daños y perjuicios, fundamentalmente, derivadas de retrasos en la realización y finalización de las obras como consecuencia de modificaciones en el proyecto inicial, problemas con las expropiaciones o los permisos.
Hasta que todas estas cuestiones, la mayor parte metidas en vía judicial, no se solventen, en Fomento no están dispuestos a sentarse a renegociar el convenio, si bien les han asegurado que se intentará que el Ayuntamiento de Burgos “pague una parte pequeña” de un sobrecoste estimado en 200 millones de euros. Hace un par de meses, se resolvió uno de esos contenciosos, dando la Audiencia Nacional la razón al Ministerio frente a la empresa, lo que puede sentar precedente para el resto de los casos, pero todos ellos tendrán que ir resolviéndose uno a uno.
Voluntad negociadora
“Existe voluntad para que el esfuerzo municipal sea el menor posible”
En el Ayuntamiento, asegura Ibáñez, no tienen más información al respecto que la van dando los medios de comunicación. La ejecución de las obras la llevó a cabo Fomento, son ellos los que negocian con las empresas y serán ellos los que decidan sentarse a hablar con Burgos. Eso sí, el portavoz está satisfecho de la buena acogida que la petición municipal ha tenido en el Gobierno Central, tras los años del PSOE, en los que se les daban largas y nunca hubo momento de recibirles. Ahora sí existe voluntad de encontrar una solución a problema.
Problema que, por todos ese sabido, no es baladí. Un sobrecoste de 200 millones que, de acuerdo al convenio firmado en el 98, debería asumir íntegramente el Ayuntamiento de Burgos, algo impensable. Ya no es sólo que el montante fuese a hundir económicamente al municipio, sino que una parte importante de ese sobrecoste se debió a modificados del proyecto planteados por Fomentos (la inclusión de la vía de alta velocidad), por ejemplo, y a retrasos en los que nada tuvo que ver el Ayuntamiento.
