CC.OO asegura que la Ley de Autoridad no dignifica a los docentes
El Sindicato de Enseñanza defiende una escuela pública, con medios, infraestructuras y profesorado suficiente
La nueva normativa traerá inconvenientes penales para los docentes, que pasan a ser ‘autoridad pública’ a todos los efectos
C.P. Jueces de Castilla. PCR
Cuando se publica la Ley de la Autoridad del Profesorado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el sindicato de Enseñanza de CC.OO Burgos expresa su “disconformidad” hacia una norma que “no proporciona un reconocimiento social al docente y aparece dentro de un clima de recortes educativos”, cuando lo que se debería hacer, a juicio del sindicato, es fomentar una escuela pública de calidad, que sí ayudaría a “dignificar nuestra labor docente”.
Desde el Sindicato de Enseñanza de CC.OO aseguran que, para estar protegidos frente a posibles agresiones, lesiones o insultos, habría sido suficiente con modificar el Código Penal. Al mismo tiempo, recuerdan que, al ser considerados ‘autoridad pública’, los profesores tendrán que enfrentarse a una serie de inconvenientes, desde el punto de vista penal. Por ejemplo, comunicar la enfermedad de un alumno a otro profesor puede convertirse en delito de revelación de secretos; interpretar las normas se podría considerar un delito de prevaricación; y cualquier acto de desobediencia, un delito de desacato.
“La dignificación de la labor de maestros y profesores y la mejora de la convivencia en colegios e institutos tiene que ir de la mano de la mejora y dignificación de la escuela pública, dotándola de medios, infraestructuras e instalaciones suficientes, rebajando el número de alumnos por aula, de forma que se pueda tratar adecuadamente la diversidad y también, por ejemplo, evitando que el ejercicio del derecho a la libertad de elección de centro se convierta en coartada para la existencia de guetos educativos, tal y como denunció el año pasado el Procurador del Común”, insisten desde el sindicato.
Para todo ello, se requiere de una mayor financiación para la escuela pública, sin que se considere como un gasto que se puede recortar en función de los intereses económicos de un país, si no como una inversión de futuro.
