Amnistía Internacional avisa que el “derecho a protestar está amenazado”
La organización presenta un informe que documenta “malos tratos” de la Policía
Exigen al Gobierno que cumpla la legislación vigente y garantice los derechos de reunión y expresión
Presentación del informe. GIT
Amnistía Internacional advierte que “el derecho a protestar en España está amenazado”. Así lo asegura la organización en el último informe presentado a los medios, en el que se han recogido centenares de testimonios que dan fe de que el Gobierno está “recortando” los derechos de reunión y de libertad de expresión contemplados en la Constitución y todos los tratados internacionales firmados por España al respecto.
Según ha afirmado Noelia Espina, coordinadora del la ONG en Castilla y León, la “crisis”, el “desempleo” y los “recortes” del Gobierno han motivado que “miles de personas salgan a la calle”. De hecho, en 2012 se contabilizaron más de 14.500 manifestaciones en toda España, la mayoría de ellas de carácter “pacífico”. Sin embargo, la respuesta del Gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado no ha estado a la altura.
En este sentido, Espina ha subrayado que “llama la atención” el incremento registrado en el número de denuncias “documentadas” por “malos tratos” de la Policía. Unas denuncias que, según Amnistía Internacional no están derivando en “investigaciones internas”. También llama la atención la existencia de “identificaciones masivas” a manifestantes, que en muchos casos se han realizado “incluso antes de que empiece la propia manifestación” o la proliferación de “multas” por asistencia a las concentraciones.
Mención aparte se merece el “acoso” a los medios de comunicación, los cuales han denunciado en numerosas ocasiones haber recibido coacciones e incluso amenazas y malos tratos por parte de agentes de la Policía mientras informaban de las protestas en diferentes puntos de España.
A juicio de Espina, todas estas situaciones, que “están provocando un efecto disuasorio en la población”, suponen un ataque frontal contra los derechos de libertad de expresión y de reunión, los cuales “sólo pueden ser restringidos en casos puntuales”. “Las manifestaciones son uno de los pocos medios de que disponen los ciudadanos” para “participar” en el cauce democrático, y como tal deben ser reguladas, ha señalado.
Legislación vigente
Por eso, desde Amnistía Internacional se exige al Gobierno que cumpla la legislación internacional vigente, garantizando el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en todos sus ámbitos. Así, se solicita un cambio de rumbo en la política implementada al respecto por el ejecutivo central, incluyendo una llamada de atención a las fuerzas de seguridad del Estado para que actúen siempre bajo los principios de “necesidad y proporcionalidad”.
Asimismo, también se solicita al Gobierno una revisión del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, la cual pretende “restringir aún más” unas libertades que “no son concesiones del Gobierno”, sino “derechos fundamentales” de la ciudadanía y que están “amenazados”.
