Villanueva: “El Consejo de Cuentas no ha detectado ninguna actuación delictiva”
Los 9 imputados por presuntas irregularidades en la gestión de empresas públicas han declarado hoy en Valladolid El consejero de Economía no ha querido valorar la comparecencia ante el juez, aunque confía en su “independencia” Villanueva rechaza la petición de responsabilidad política realizada por el Partido Castellano
Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid. BC
El consejero de Economía, Tomás Villanueva, no ha querido valorar lo que supone que 9 altos cargos de su departamentos hayan tenido que declarar hoy, en el Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid, como consecuencia de la denuncia por “prevaricación administrativa” presentada por el Partido Castellano (PCAS). Villanueva ha asegurado que respeta las decisiones judiciales y confía en la “independencia” del juez que lleva el caso, y que deberá dirimir si se vulneró la Ley de Contratos del Sector Público por parte de los 9 imputados, ante las irregularidades que se describen en el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y Léon.
Para el consejero, que se ha leído el documento, este organismo regional “no ha detectado ninguna actuación delictiva”, aunque el Partido Castellano ha asegurado que existen hasta 300 contratos, realizados por empresas públicas de la comunidad (ADE Parques, Provilsa, Somacyl o ADE Financiación Castilla y León), en los que se han detectado irregularidades en la valoración de los proyectos y la adjudicación de los contratos de obras y servicios, con procedimientos en los que no se cumplen la condiciones de concurrencia, libre acceso, publicidad y transparencia.
Confianza plena
El Partido Castellano habla de delitos que podrían haberse cometido en el seno de las empresas públicas de Castilla y León como el tráfico de influencias o la malversación de fondos públicos, estimando el volumen económico vinculado a estos supuestos contratos irregulares en 270 millones de euros. El consejero de Economía ha mostrado su confianza en los funcionarios de la administración regional y en los altos cargos imputados, que, en muchos casos, tienen una “trayectoria pública larga”. De todos modos, Tomás Villanueva valora que se haya llevado este caso a los tribunales, para que se “examine con seriedad y rigor”.
Sobre la petición de responsabilidades políticas, para el consejero y la viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, que ha pedido el Partido Castellano, Tomás Villanueva ha asegurado que “lo respeto mucho y asumiremos las que tengamos que asumir”, pero ha recordado que por el simple hecho de que alguien presente una denuncia en el juzgado y solicite que se asuman responsabilidades políticas no se va a hacer. El PCAS considera que tanto Villanueva como Hernández, como máximos responsables de las empresas públicas afectadas, deberían dimitir o ser cesados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
En la vista oral han participado Víctor Valverde Gómez, director general de Economía; Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Miguel Ángel Díez Mediavilla, director general de Trabajo; Rafael Llanos Berrocal, jefe de servicio de Prevención; Juan Carlos Martínez González, jefe de servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales; Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de servicios; Ana María Lorenzo Fernández, jefa de servicio, y Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de servicio de Análisis Económico.