Caldera lamenta los recortes del Gobierno en dependencia
El exministro socialista critica las decisiones tomadas al respecto en los últimos años
Considera que la inversión en dependencia es rentable social y económicamente
Caldera se reunió con colectivos sociales. BC
En los últimos años “ha habido una serie de decisiones bastante negativas que han dejado a la ley de Dependencia muy tocada“. Eso es al menos lo que opina el que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Zapatero, Jesús Caldera, que esta mañana se ha reunido en Burgos con representantes de varios colectivos sociales con el objetivo de poner en común impresiones y demandas en esta materia.
Según ha afirmado Caldera, el Gobierno de Mariano Rajoy está haciendo un flaco favor a los dependientes, ya que “desde 2011 hasta hoy se han retirado mil millones de euros del sistema de dependencia“, una decisión que está lastrando la aplicación de una ley y que supone “un gran error“. No en vano, al margen de la rentabilidad social que genera la inversión en esta materia, se trata de una inversión con “retorno positivo” en la economía. “Hay pocos espacios donde el efecto multiplicador de la inversión sea tan positivo como en dependencia”, ya que según los informes con los que trabajó el ministerio a la hora de poner en marcha la ley, “de cada euro que se invierte se recuperan del mismo un 70 por ciento“.
Además, Caledera ha subrayado que la inversión en esta materia supone un gran estímulo para el empleo, sobre todo en una situación tan complicada como la actual. “Todos estamos desesperados por encontrar yacimientos de empleo” y este sector es capaz de generar “empleo de calidad” e imposible de “deslocalizar”, ya que hay una “enorme demanda” de servicios. Según los datos con los que trabaja el exministro, si España mantuviera la media de inversión de los primeros años de aplicación de la ley, “tendríamos medio millón más de puestos de trabajo”. Sin embargo, los “recortes” del Gobierno han hecho que se pierdan “40.000 empleos desde 2011”.
Dos años
En este sentido, Caldera ha lamentado las consecuencias de las decisiones tomadas en los últimos años, que han fomentado la existencia de “trabajo sumergido” en el sector y que han provocado que muchos dependientes reconocidos no lleguen a cobrar la ayuda económica que les corresponde por los retrasos en los pagos. “No es razonable ni justo” que una vez que se reconoce la ayuda “se tarden dos años en pagar las prestaciones” si hay falta de recursos en la administración, ha subrayado.