Las cuentas de Merindad de Río Ubierna, a la Diputación
El concejal del PCAS solicita a César Rico que se interese por la deuda oculta del Ayuntamiento de la localidad
Daniel Martínez recuerda que se debe casi 1 millón derivado del caso de las 11 viviendas de Villaverde-Peñahorada
La formación denuncia también el trato vejatorio al que el alcalde somete sistemáticamente a su representante
A la espera de la sentencia sobre la licencia presuntamente ilegal concedida para la construcción de las viviendas
Daniel Martínez y Luis Marcos. PCR
El concejal del Partido Castellano (PCAS) en Merindad de Río Ubierna, Daniel Martínez, ha pedido a la Diputación Provincial que se interese por la gestión que el alcalde del Partido Popular, Raúl Martín Bellostas, lleva a cabo en el Ayuntamiento. En concreto, Martínez denuncia la importante deuda municipal, que puede llegar a condicionar el futuro del Consistorio y, por extensión, del propio municipio. Y es que, según el concejal del PCAS, Merindad de Río Ubierna tiene oculta una deuda de 800.000 euros, que no se recoge en las cuentas oficiales que pasan a la Diputación de Burgos y al Ministerio de Hacienda.
La deuda viva del Ayuntamiento, a fecha de 31 de diciembre de 2013, es de 115.000 euros, y esto es lo único que se refleja en las cuentas municipales. En ningún caso, según Martínez, aparecen los 800.000 euros que se deben en concepto de indemnización a la empresa Redebur, en relación con el derribo, por orden judicial, de las 11 viviendas construidas en Villaverde-Peñahorada, presuntamente de manera ilegal. Una cantidad que alcanzaría el millón de euros si te tienen en cuenta los intereses y lo que costará a la arcas municipales llevar a cabo el derribo de las viviendas.
“Oscurantismo democrático y vulneración de la legalidad, que se repite con demasiada frecuencia desde que comenzó la legislatura”
Por todo ello, Daniel Martínez le ha pedido al presidente de la Diputación, César Rico, en un escrito presentado el pasado miércoles, que “se interese por el tema por las graves consecuencias que acarreará a los vecinos”. Al mismo tiempo, el concejal del PCAS denuncia los continuos incumplimientos de la normativa en lo que se refiere a la convocatoria de plenos ordinarios. De acuerdo con el Reglamento Municipal, debe celebrarse un pleno por trimestre, como mínimo, pero en el Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, en ocasiones se pasan hasta cinco meses sin que exista convocatoria.
Trato vejatorio
Precisamente, Martínez remitió el pasado sábado un escrito al subdelegado del Gobierno en Burgos, solicitándole amparo ante el trato “vejatorio” al que le somete el alcalde de manera sistemática. Según el concejal, las descalificaciones viene recibiéndolas desde el verano de 2011, pero últimamente se están produciendo por escrito. En ellas, Raúl Martín Bellostas le echa en cara su “incompetencia” en asuntos financieros, asegurando que “interrumpe la buena marcha y quehaceres de los empleados de este Ayuntamiento por su propio desconocimiento o dejadez”.
Daniel Martínez explica que, en concreto estas descalificaciones, se ofrecieron como respuesta ante su pregunta sobre el gasto elevado en áreas como Actividades culturales y deportivas, Atenciones protocolarias, Gastos Jurídicos o Publicidad y propaganda, y con el único objetivo de “desmoralizar la acción fiscalizadora” del concejal castellanista, así como de “ocultar la negación continuada del alcalde a proporcionarle la información que, sobre el desarrollo de la actividad municipal, solicita”, insisten desde el Partido Castellano.
“El alcalde no quiere ser controlado por la oposición y elimina o interrumpe cualquier pregunta o interpelación”
Ni contestan a sus preguntas, ni le aportan la documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones, le prohíben el acceso a determinados expedientes o se niegan a proporcionarle copia de facturas “sospechosas”, asegura Martínez, motivos por los cuales, en más de una ocasión el propio concejal le ha llamado la atención al alcalde, durante las sesiones plenarias, calificando el propio Ayuntamiento de asemejarse más a una “institución castrense” que a una civil. Uno de los últimos enfrentamientos de este tipo se produjo cuando Martínez intentó presentar la pregunta del alcalde pedáneo de Villalbilla Sobresierra
El concejal de PCAS asegura que no se le permitió dicha intervención y que, además, en el acta del pleno no se recogió la negativa, lo que provocó que abandonase el siguiente pleno municipal hasta el apartado de ruegos y preguntas. Ese fue el momento en el que planteó las cuestiones sobre la gestión económica y al deuda con la constructora de las viviendas que llevaron a la respuesta por escrito del alcalde, con las descalificaciones contra Daniel Martínez que han sido denunciadas ante la Subdelegación del Gobierno, como garante del cumplimiento de la Ley y la protección a los representantes de los ciudadanos.
A la espera de sentencia
Por otra parte, el concejal del Partido Castellano está a la espera de conocer la sentencia por la que se investiga la concesión, presuntamente ilegal, de la licencia que permitió la construcción de 11 viviendas en Villaverde-Peñahorada, y que ahora tienen que ser derribadas por orden judicial. La licencia se concedió en 2005 y, aunque en aquel entonces cumplía con la normativa, esta cambió en pleno proceso de construcción, sin que se modificase el proyecto o se paralizase, lo que llevó a varias denuncias de particulares, y a que el Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Burgos declarase nula la licencia.
La sentencia del Juzgado fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en 2009, y se ordenó el derribo de las viviendas, algo que aún no ha ocurrido. Así mismo, se estableció una indemnización para la constructora de 1,5 millones de euros, que se rebajó a 1,2 millones por acuerdo entre las partes. El Ayuntamiento únicamente ha pagado 500.000 euros, por lo que la empresa les ha denunciado por incumplimiento de acuerdo. Al mismo tiempo, el Consistorio, ya con Raúl Martín Bellostas a la cabeza, presentó denuncia por la gestión realizada en la concesión de la licencia en 2005.
El anterior alcalde, los tres concejales de la Junta de Gobierno, el arquitecto y la secretaria municipal son los imputados en este caso, que lleva dos años de procedimiento y que, según Daniel Martínez, debería resolverse en breve. Dado que la secretaria municipal era entonces, y lo sigue siendo ahora, Dolores Calleja, concejal de Licencias y Vivienda en el Ayuntamiento de Burgos, el PCAS registró el martes una petición dirigida al alcalde, Javier Lacalle, para que retire toda responsabilidad municipal. Desde el Partido Castellano consideran que no está habilitada para seguir al frente de este área, después de ser responsable de haber concedido una licencia, presuntamente de manera ilegal.