Solo uno de los acusados por grupo criminal en Aranda reconoce haber traficado con droga

La Fiscalía pide tanto para el joven, trasladado desde la prisión para prestar declaración, como para los otros seis procesados (F.M.M., M.M.G., H.S.C., R.S.V., A.R.L. y P.I.A.G.) hasta 66 años de cárcel (10 años para cada uno) y diversas multas por presunto tráfico de droga.

Al comienzo del proceso judicial, la defensa de uno de los inculpados, A.R.L., ha aportado nuevas pruebas fotográficas y documentales, así como la verificación de su veracidad por parte de un perito, que han sido admitidas por parte del magistrado. Además, dos letrados de la defensa han aportado pruebas de que sus defendidos se encuentran inmersos en programas de desintoxicación del consumo de estupefacientes.

Tras estas intervenciones previas, los acusados testificaron para exponer su versión de los hechos, casi siempre negando cualquier tipo de organización criminal, venta, almacenaje o transporte de drogas más allá de las referidas a su consumo propio y personal, con la excepción de J.A.H.M, que respondió solo a las preguntas del Ministerio Fiscal para admitir el menudeo ejercido en la villa arandina.

En el caso de R.S.V., identificado en la investigación como conductor del vehículo que transportaba a Peñafiel la mercancía incautada el 6 de octubre de 2020, es el único de los procesados que se ha desvinculado de forma absoluta con el tráfico de droga o su consumo, aludiendo al desconocimiento de lo transportado y refiriéndose a su intervención como «transporte de una mochila» hasta un local en el municipio vallisoletano. Asimismo, se ha expuesto fruto de la investigación que el joven habría supuesto el reemplazo de otro varón en su labor de traslado de las sustancias estupefacientes aunque P. I. A. G. manifiesta que la primera vez que le vio fue el 6 de octubre, por lo que la defensa alega que se puede probar que solo hizo un viaje.

En el juicio también han participado en calidad de testigos diversos agentes del CNP y Policía Local implicados en las investigaciones, vigilancias, registros y detenciones aplicadas a los acusados.

La investigación, tal y como ha relatado el inspector que la dirigió en su testimonio como testigo de la acusación, arrancó el 25 de abril de 2020, cuando F.M.M., en pleno estado de alarma, intentó eludir un control de la Policía Local de Aranda durante la madrugada. Tras incurrir en varias contradicciones sobre el motivo por el que estaba en la calle pese al confinamiento, los agentes registraron su coche y encontraron una bolsa con 'speed' por valor en el mercado negro superior a los 11.000 euros.

Según ha ratificado el oficial de policía sobre lo reflejado en el escrito redactado por el Ministerio Público, todas las pesquisas apuntan a que la intención de F.M.M., por encargo del acusado J.A.H.M., era trasladar la droga hasta Peñafiel para vendérsela a P.I.A.G., residente en la localidad vallisoletana. Tras la detención de F.M.M., la Policía Local intervino el teléfono de este, en el que averiguaron que se comunicaba a través de varios números con los acusados J.A.H.M. y el vecino de Peñafiel.

A raíz de las escuchas telefónicas, además de detener a varias personas por la compra de pequeñas cantidades de marihuana y 'speed', se «deduce» que siete de los acusados forman parte de una banda criminal operativa entre el 31 de agosto de 2019 y el 7 de octubre de 2020 con el objetivo de vender sustancias estupefacientes a terceros.

De las indagaciones pertinentes, también se desprendió que J.A.H.M. es el proveedor de la droga vendida por él a pequeños consumidores o a distribuidores como a P.I.A.G., aunque según el funcionario policial sería A.R.L. quien estaría «un peldaño por encima en nivel jerárquico».

Por otra parte, F.M.M., en una posición de subordinación con J.A.H.M. era el encargado de transportar la droga hasta otros puntos o de vender a terceros, situación similar a la de M.M.G., encargado de vender las sustancias a terceros, además de custodiar la mercancía, según apuntan los testigos de la Fiscalía.

Igualmente, el texto incide en que su expareja, H.S.C., también se habría encargado de custodiar la droga en su domicilio de Aranda de Duero, hechos que ambos han negado rotundamente ante el juez.