La Junta da luz verde al Plan Director de Promoción Industrial, dotado con 836,6 M€

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Director de Promoción Industrial consensuado en las Cortes semanas atrás

Implica la movilización de 836,6 millones de euros hasta 2020 para conseguir que la industria suponga el 20 por ciento del Valor Añadido Bruto de la economía regional

La Junta da luz verde al Plan Director de Promoción Industrial, dotado con 836,6 M€ Milagros Marcos y Pilar del Olmo presentaron los detalles del plan. JCyL

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana el Plan Director de Promoción Industrial, que define las políticas de impulso a la competitividad del sector en el horizonte 2017-2020, con una inversión prevista de 836,6 millones de euros. El documento está avalado por los agentes económicos y sociales y ha sido el instrumento de referencia para el acuerdo de comunidad por la reindustrialización suscrito el pasado 29 de marzo entre la Junta y cinco fuerzas políticas con representación parlamentaria.

La Junta lleva varios meses trabajando en el diseño del plan

A lo largo de estos meses, la Consejería de Economía y Hacienda como impulsora de la iniciativa, en colaboración con el resto de áreas del Gobierno, ha venido dialogando con distintos actores hasta cerrar un documento que incorpora las aportaciones de los grupos parlamentarios, como quedó reflejado en el acuerdo por la reindustrialización sellado el pasado 29 de marzo; del Consejo del Diálogo Social; del Consejo Económico y Social (CES), y de las entidades, instituciones y organizaciones más representativas de la Comunidad.

El Plan Director de Promoción Industrial plantea cuatro objetivos generales. El primero es reindustrializar y avanzar hacia el liderazgo industrial de manera que la industria manufacturera represente el 20 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) de Castilla y León en 2020 (actualmente es del 17,7 por ciento). El segundo reto es incrementar el gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3 por ciento del gasto no financiero de las consejerías en 2019 y llegar al 3 por ciento del PIB entre la inversión pública y la privada en el horizonte del plan. En tercer lugar, el texto programa medidas para favorecer nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos y reforzar los sectores más consolidados. Y, para finalizar, el cuarto desafío pasa por aumentar el tamaño de las empresas.

En este sentido, las políticas que deben conducir a la consecución de estos objetivos se estructuran en cinco ejes transversales: dimensión del tejido industrial (lo que incluye apoyo al emprendimiento y captación de inversiones); innovación tecnológica y digitalización (capítulo en el que se prevén medidas para la adaptación a la industria 4.0, de formación y para la transferencia del conocimiento); internacionalización (para ampliar la base de compañías exportadoras y diversificar sectores y mercados); financiación (con la Lanzadera Financiera como palanca); y entorno industrial (con iniciativas en materia de infraestructuras y suelo, simplificación administrativa o de índole energética para facilitar el desarrollo de proyectos en Castilla y León).

Sectores estratégicos

Las medidas previstas en el plan para mejorar la competitividad del sector industrial son de aplicación al tejido productivo en sentido amplio. No obstante, el documento presta especial atención a los seis sectores que la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020 cataloga como prioritarios por su capacidad generadora de riqueza y empleo: agroalimentación; automoción, componentes y equipos; salud y calidad de vida; energía y medio ambiente industrial; hábitat; industria cultural, y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El plan se completa con la regulación de dos instrumentos diseñados para responder a situaciones excepcionales. El primero es la declaración de Proyecto Industrial Prioritario de toda propuesta de inversión que suponga una expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León o contribuya a su consolidación. La segunda herramienta es la aprobación de Programas Territoriales de Fomento, que implican la adopción de medidas específicas en uno o varios territorios para garantizar un desarrollo equilibrado de la industria en la comunidad, que también garantice la cohesión social, con especial cuidado al medio rural.