El PP insiste en descartar la reversión de los servicios externalizados en el HUBU…

El procurador burgalés Ángel Ibáñez insiste en subrayar el carácter público del Hospital Universitario y defiende la eficacia de los servicios externalizados

Asegura que el equipamiento extra fue solicitado por los profesionales sanitarios

Subraya que la concesionaria está sometida a un “férreo control”

El PP insiste en descartar la reversión de los servicios externalizados en el HUBU… Los procuradores Ángel Ibáñez y Salvador Cruz. GIT

“No hay que hacer ninguna recuperación” al sistema público del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) porque “ya es público”. Así de tajante se ha mostrado hoy el procurador en Cortes Autonómicas por el PP Ángel Ibáñez, que ha querido defender el modelo de gestión del HUBU después de la visita a las instalaciones cursada ayer por los miembros de la comisión de investigación. Una visita en la que según Ibáñez quedaron aclaradas varias cuestiones, empezando por el carácter público de la instalación.

Ibáñez insiste en que el equipamiento del HUBU permite minorar la externalización de pruebas

En este sentido, el procurador ‘popular’ insiste en que el complejo hospitalario “sólo” tiene externalizados 14 servicios, y todos ellos de carácter no asistencial, una situación al extremo habitual en el sistema público de salud. De hecho, el volumen de servicios externalizados, tanto cualitativa como cuantitativamente, es “menor” en el HUBU de lo que lo era en el Hospital General Yagüe, cuya falta de equipamiento obligaba al Sacyl a externalizar numerosas pruebas médicas, como resonancias magnéticas o TAC.

Esa situación, subraya Ibáñez, se corrigió de manera radical con la construcción del HUBU, que cuenta con un equipamiento de última generación que permite que sea el hospital con “menos derivaciones” de la comunidad. Además, dicho equipamiento, cuyo coste siempre ha sido objeto de polémica, responde directamente a las “exigencias de los profesionales médicos”. Así al menos lo afirmaron ayer los propios responsables de los servicios asistenciales, que según Ibáñez corroboraron que el hospital cuenta con todo aquello que fueron solicitando a mayores de lo inicialmente previsto. Esa es la razón, ha añadido el procurador, de que el coste del equipamiento fuera finalmente muy superior al presupuestado al principio, lo que no significa que sea un “sobrecoste”.

En esta misma línea, Ibáñez ha señalado que el modelo de concesión del HUBU también cuenta con una “ventaja competitiva” en este ámbito concreto, ya que el contrato incluye la “modernización y actualización de la obra y el equipamiento”, lo que implica que “ya está asegurada” la inversión de “150 millones de euros” durante el periodo de concesión para mejorar los equipos, algo que de lo que no pueden “presumir” otros hospitales.

Férreo control

Con todo, tanto Ibáñez como el procurador Salvador Cruz, presidente de la comisión de investigación, han querido salir al paso de las “acusaciones insidiosas” vertidas por parte de los responsables de la oposición, asegurando que “la concesionaria no dirige nada, sino que está sometida en todo momento a un férreo control” por parte de la dirección asistencial.

Así, y aunque siempre hay “partes susceptibles de mejora”, el PP mantiene su postura inicial. Eso sí, según ha reconocido Cruz, será la propia comisión la que determine la “eficacia y eficiencia” del modelo en comparación con otras fórmulas. Eso será dentro de algunos meses, ya que primero deberán desarrollarse las más de medio centenar de comparecencias aprobadas semanas atrás, un proceso que se puede prolongar durante varios meses. De hecho, una vez cursada la visita al HUBU, la comisión no se ha impuesto fechas concretas.