CC.OO recoge firmas para luchar por Registro Civil “público, universal y gratuito”

El sindicato inicia una campaña para presentar una Iniciativa Legislativa Popular contra el paso de competencias a los registradores

Insisten en que se perderán oficinas del Registro Civil, alejándose el servicio del ciudadano, y se acabarán imponiendo tasas registrales

Asegura que el servicio funciona adecuadamente, lo que fallan son las inversiones en modernización, recursos, medios y personal

CC.OO recoge firmas para luchar por Registro Civil “público, universal y gratuito” Sanz (ctro.) con miembros del sindicato en Burgos. PCR

Si nada ni nadie lo remedia, los registradores de la propiedad podrían comenzar a encargarse del Registro Civil a partir del 15 de julio. El Congreso de los Diputados tramita en estos momentos la ley por la que se ejecutará la reforma de este servicio público, un paso adelante en el “desmantelamiento” de la Administración de Justicia, en opinión de Comisiones Obreras. Defendido por el Gobierno Central como un mecanismo para mejorar el funcionamiento del Registro Civil, el traspaso de competencias supone para el sindicato una “privatización”, que alejará el servicio de los ciudadanos y acabará con su gratuidad.

El traspaso “menoscaba la labor de los funcionarios en favor de los ingresos de una empresa”

Javier Sanz, coordinador regional del Sector Justicia de CC.OO en Castilla y León, ha recordado que el Registro Civil es un servicio básico para el ciudadano de a pie, que tramita anualmente más de 1,4 millones de documentos, desde una partida de defunción a un certificado de nacimiento para un DNI. Por ese motivo, el Registro es un servicio de cercanía y Burgos cuenta con 371 oficinas repartidas por la provincia. Sin embargo, cuando entren en juego los registradores, esas oficinas desaparecerán y serán sustituidas por un único espacio de tramitación en la capital. Adiós a la inmediatez, ha insistido Sanz.

Ni gratuidad ni confidencialidad

Además, desde Comisiones Obreras aseguran que el Registro Civil dejará de ser gratuito, ya que las negociaciones que mantiene el actual ministro de Justicia con los registradores incluyen la posibilidad de cobrar “aranceles” (una especie de tasa) por algunos trámites, como los expedientes de nacionalidad o los de matrimonio, al mismo tiempo que se crearán nuevos trámites registrales obligatorios y de pago, como el de domicilio. Es por ello que Sanz considera que el Registro Civil se convertirá en un negocio para una empresa, que eso es lo que son los registradores, dejando de ser un servicio público.

Y es que, por mucho que diga el Gobierno Central que los registradores son funcionarios, son autónomos. Y, lo que es peor, si no son funcionarios no pueden dar fe pública, función clave en el Registro Civil, ni están sometidos a un principio de confidencialidad. De ahí que el sindicato tema que los datos privados de los ciudadanos vayan a acabar en manos de los equipos de los registradores, sin control alguno. Se está “menoscabando la labor del funcionario, en favor de los ingresos de una empresa”, han insistido en CC.OO, recordando que tras el boom inmobiliario, los registradores de la propiedad viven horas bajas.

IPL

Faltan medios, recursos económicos y plantilla, así como modernizar el servicio, pero funciona

Por todo ello, Comisiones Obreras ha iniciado una campaña de recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con la que presionar al Gobierno Central para que paralice el proyecto. En la propia sede del sindicato, pero también en los registros civiles o dependencias de administraciones públicas, el ciudadano interesado en colaborar encontrará los formularios para estampar su firma. También sacarán mesas a la calle. Requieren de 500.000 apoyos para que, al menos, la ILP se debata en el Congreso de los Diputados.

Javier Sanz ha insistido en que no existe ningún motivo para eliminar el Registro Civil tal y como lo conocemos. Cuando se alega falta de eficiencia se olvidan de comentar que lo que faltan son recursos, humanos y económicos, y modernización del servicio.  Lo único que se ha hecho en los últimos años ha sido apostar por la digitalización de documentos, con una inversión de 130 millones de euros, de la que ahora se van a beneficiar sin coste alguno los registradores. Además, se están paralizando tramitaciones, como las de los expedientes de nacionalidad, para intentar justificar la medida.