El PCAS impugna el censo electoral de 36 localidades de Burgos

El Partido Castellano considera que al menos 36 localidades de la provincia han registrado incrementos irregulares del censo antes de las elecciones

Solicitan a la Junta Electoral una investigación sobre la actuación de los alcaldes

El PCAS impugna el censo electoral de 36 localidades de Burgos El portavoz del PCAS solicitó la impugnación de 36 censos. GIT

El Partido Castellano (PCAS) ha presentado hoy ante la Oficina del Censo Electoral la solicitud de impugnación del censo de un total de 36 localidades de la provincia, en las cuales se han detectado empadronamientos supuestamente “irregulares” a lo largo de los últimos meses. Unos empadronamientos que, a juicio de Domingo Hernández, portavoz de los castellanistas, responden a un único objetivo: facilitar la victoria electoral a candidaturas que “carecen de apoyo real”.

Según ha explicado Hernández a las puertas de la Oficina del Censo, donde ha acudido con las 36 reclamaciones, en los últimos meses se han registrado numerosos “incrementos injustificados” del padrón de diferentes localidades. La propia Oficina del Censo ha reconocido la existencia de un total de 183 expedientes “sospechosos”, 78 de los cuales (más de un 43 por ciento del total de los registrados en el conjunto del territorio nacional) corresponden a localidades burgalesas.

Se trata, en su inmensa mayoría, de núcleos de población relativamente pequeños (no más de 200 habitantes) y gobernados por el PP o el PSOE en la última legislatura, lo que supone, según Hernández, la continuidad de una “tradición caciquil” que se lleva realizando muchos años. “Esto no es nuevo. Personas que no viven en los pueblos al menos seis meses y un día se empadronan antes de las elecciones para votar a un candidato”, explica el portavoz del PCAS. En algunos casos, añade, el crecimiento del padrón es superior al 20 por ciento. Se trata, en suma, de una “irregularidad” de la que los castellanistas responsabilizan a “los alcaldes que han firmado esos empadronamientos”.

Por todo ello, y además de solicitar la impugnación de los censos en las 36 localidades, el PCAS ha instado a la Junta Electoral Central a que investigue la posible comisión de sendos delitos (Electoral, Falsedad en Documento Público y Prevaricación) por parte de los alcaldes de dichas localidades.