El PSOE estudiará llevar la prolongación del Bulevar a los tribunales

La formación rechaza los informes que amparan la legalidad del proyecto, asegurando que sientan un precedente alarmante

Se reconoce que la actuación incumple el PGOU, pero se justifica alegando que son obras provisionales y temporales

Dependiendo del coste del procedimiento, los socialista valorarán si pueden permitirse iniciar un Contencioso-Administrativo

El PSOE estudiará llevar la prolongación del Bulevar a los tribunales Las obras del Bulevar Ferroviario están en marcha. IAC

El Grupo Municipal Socialista está muy “decepcionado” con los informes emitidos por diversos técnicos sobre el proyecto de prolongación del Bulevar Ferroviario entre Parralillos y Fuentecillas, en los que se reconoce que la actuación no cumple con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sin embargo la eximen de ilegalidad al considerarla una obra “provisional o temporal”. Para el concejal socialista Antonio Fernández Santos se están sentando un precedente “alarmante”, por lo que su formación está dispuesta a estudiar si presenta una demanda en el Contencioso-Administrativo.

Tras el recurso de reposición presentado por el PSOE, en el que se pedía que se anulase el procedimiento de adjudicación de los trabajos a Herrero-Temiño, ya que se había hecho sobre un proyecto que se ha modificado para cumplir con las promesas realizadas a los vecinos de Las Rebolledas y además seguía incumpliendo con el PGOU, llega el momento de conocer su resolución. Secretaría General ha emitido un informe, elaborado a partir de los presentados por el jefe de Planteamiento de la Gerencia de Fomento y el director técnico del  Consorcio del Desvío Ferroviario.

Provisionalidad y temporalidad

Según Fernández Santos, en ambos informes se reconoce que el proyecto no cumple con el PGOU. Es decir, que la zona no se desarrollará urbanísticamente de acuerdo a lo que viene estipulado en el planeamiento de la ciudad, sino que se plantea una actuación diferente. Es por ello que, para salvar el proyecto, ambos técnicos se basan en su carácter temporal o provisional. “Un proyecto de obras de provisionales o temporales concebido por el Ayuntamiento de Burgos, en facultad de sus competencias, dentro de un corredor de uso viario infraestructural, que en un futuro deberá adecuarse al planeamiento con todas las determinaciones previstas en este ámbito”.

El concejal socialista asegura que “se sienta un precedente alarmante”, puesto que basándose en un carácter provisional o temporal cualquier tipo de actuación se podría hacer, aunque no cumpliese con el PGOU, y sin considerarse ilegal. La resolución de los técnicos abren la puerta a que “en esta ciudad se pueda hacer lo que a une le de la gana siempre y cuando se califique de provisional”. Para Antonio Fernández Santos, los técnicos que se han agarrado a “un clavo ardiendo” para justificar lo que es “una tremenda cacicada” del alcalde Javier Lacalle.

Ante los tribunales

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista valorarán la posibilidad de llevar el caso a los tribunales, presentando una demanda en el Contencioso-Administrativo. El objetivo es “evitar sentar un precedente peligrosísimo”, aunque la decisión la tomarán una vez que sepan cuánto les va a costar el procedimiento. Y es que, una vez más, Antonio Fernández Santos ha recordado que las reformas implementadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, penalizan económicamente cualquier tipo de actuación judicial, dificultando el acceso a la Justicia a particulares con recursos escasos, como sería el caso del Grupo Socialista.

Además, en la próxima Comisión de Fomento, Fernández Santos le preguntará a Ángel Ibáñez sobre el plazo durante el que la prolongación del Bulevar Ferroviario será provisional y cuándo tiene previsto el Ayuntamiento ejecutar el proyecto tal y como se recoge en el PGOU. Es más, el socialista asegura que si es una obra temporal lo que se está haciendo es “dilapidando” 2 millones de euros. Desde el punto de vista político “nos viene bien” que se lleve a cabo, porque es “un monumento a la incompetencia”, pero por responsabilidad administrativa no pueden consentirlo, asegura Fernández Santos.