Un informe determina que las obras del ático de Lacalle han prescrito

El PSOE da a conocer un informe jurídico que reconocería la ilegalidad del cerramiento de la terraza, pero determinaría que la infracción habría prescrito

Esther Peñalba asegura que no queda probado cuándo se realizaron las obras, por lo que es imposible decir que han prescrito

La concejala insiste en que se utilizan recursos municipales en beneficio del alcalde, para ocultar la ilegalidad

El Ayuntamiento envía un comunicado en el que asegura que el informe determina “el archivo” de la denuncia del PSOE

Un informe determina que las obras del ático de Lacalle han prescrito Edificio en el que se encuentra el ático de Javier Lacalle. BC

El Grupo Municipal Socialista ha dado a conocer esta mañana un informe jurídico en el que se reconoce que las obras de cerramiento de la terraza del ático en el que vive el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, son ilegales pero considera que la infracción urbanística ha prescrito. De hecho, de acuerdo con el documento, quedaría acreditado que los trabajos se habrían llevado a cabo, como muy tarde, en 2006, superándose de este modo los cuatro años necesarios para prescribir una irregularidad de esas características.

Posteriormente a la rueda de prensa convocada por el PSOE, el propio Ayuntamiento ha remitido un comunicado a los medios en el que se explica dicho informe, asegurando que “los servicios municipales han determinado el archivo” de la denuncia presentada por el PSOE “al quedar acreditado que el cierre fue realizado por los anteriores propietarios hace casi una década y, en consecuencia, ampliamente prescrita la actuación“.

La concejala Esther Peñalba califica el informe de “arbitrario” puesto que, a pesar de lo que diga, no queda demostrada la fecha de realización de las obras de cerramiento, obvia las que se llevaron a cabo en la zona este de la terraza y los documentos en los que se basa no tienen el carácter probatorio que se les otorga. Peñalba asegura que lo que se busca con dicho informe es simplemente ocultar una ilegalidad, utilizando los instrumentos municipales en beneficio del alcalde, en lo que es un “claro trato de favor”.

Pruebas dudosas

“No se puede determinar que la infracción ha prescrito”

El informe jurídico tiene en cuenta la declaración jurada del alcalde en la que asegura que no se ha llevado a cabo ninguna obra desde que él adquirió la vivienda (en 2012), y utiliza documentos como una nota simple del Registro de la Propiedad para demostrarlo. El problema, recuerda la socialista, es que lo se adjunta es una fotocopia de una parte de esa nota simple, en la que ni aparece el sello del Registro ni la superficie de la vivienda, por lo que no sirve para los fines propuestos.

De igual modo, se aporta un acta de la reunión de propietarios del edificio en la que se aprueba la posibilidad de cerrar los tendederos, pero Peñalba insiste en que el cerramiento llevado a cabo en la terraza es mucho más que un simple tendedero. Y la factura que se presenta, tampoco es tal, es un simple albarán. El informe sólo reconoce el cerramiento de la parte este de la terraza, cuando el PSOE ha presentado pruebas de una segunda actuación en la zona oeste.

Con todos estos datos, Peñalba asegura que es imposible que se pueda considerar que la infracción urbanística cometida ha prescrito, porque no se puede demostrar cuándo se llevó a cabo. Por eso, antes de que la concejala de Licencias, Dolores Calleja, emita la correspondiente resolución sobre el caso, el PSOE vuelve a solicitar que se gire visita al ático del alcalde para que sea un técnico el que determine qué obras se llevaron a cabo y cuándo. Esther Peñalba recuerda que dicha inspección estaba prevista y fue paralizada porque Javier Lacalle no la aceptó.

Asunto privado

“El alcalde quiere irse de rositas”

La socialista insiste en que “no es un asunto privado, sino que afecta directamente a los intereses del ayuntamiento” puesto que la institución debe velar por el cumplimiento de la ley y, en caso contrario, aplicar las correspondientes sanciones. En este caso, se están utilizando los recursos municipales para que el alcalde “se vaya de rositas” ante una infracción urbanística grave, que podría conllevar una multa de entre 10.000 y 300.000 euros, por doblar el espacio útil de la vivienda con cerramiento de terraza.

Recordemos que fue el periódico eldiario.es el que destapó la existencia de esta irregularidad, al informar de que la vivienda de Javier Lacalle contaba con más metros de los incluidos en el expediente del Registro de la Propiedad por una obra que se había llevado a cabo de manera ilegal, sin la correspondiente licencia municipal. Es más, Esther Peñalba asegura que, de haberse solicitado, los servicios técnicos del Ayuntamiento no habrían podido concederla. El alcalde siempre ha mantenido que las obras las realizaron los anteriores propietarios.